Debate sobre propuesta para el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental
Aunque el texto final aún no se conoce, las
críticas sobre su contenido no se han hecho esperar, siendo las principales el
nivel de discrecionalidad que permitiría a la autoridad y la forma de inclusión
de las consultas públicas, especialmente en lo referido a la participación de
las comunidades indígenas.
Dos versiones conocidas ha tenido hasta ahora la propuesta para el
nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): la que
fue sometida a consulta pública entre junio y octubre de 2011, y aquella que en
mayo pasado aprobó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Hoy
el documento está en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia , pendiente
de ser firmado por el Presidente y revisado por Contraloría, hasta donde debiese
llegar a fin de mes.
Se trata de un proceso que forma parte de la puesta en marcha de la Ley 20.417, promulgada en
2010, según la cual este reglamento busca adecuar la evaluación ambiental a la
reforma de la institucionalidad en dicha materia, que reemplazó a la Comisión Nacional
del Medio Ambiente (Conama) por el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente.
Ricardo Irarrázabal, subsecretario del Ministerio del Medio
Ambiente, dice que "gran parte de los cambios legales tiene que ver con
mayores exigencias a la evaluación ambiental de proyectos.
Una de las cuestiones más relevantes es regular mejor lo que se
refiere a la participación ciudadana y recoger lo que ha sido la jurisprudencia
de la Corte Suprema ,
además de regular la participación de los pueblos indígenas a través de la
generación de una inclusión acorde que cumpla con los estándares establecidos
en el Convenio 169".
Por su parte, Luis Cordero, profesor de Derecho de la U. de Chile, afirma que es un
avance en comparación con lo que existía antes: "La evaluación hay que
uniformarla, sistematizarla y trasladar las mayores exigencias que puso la ley
ambiental a los proponentes, en buena medida, viendo lo que ha ocurrido en los
últimos dos años producto de los litigios ambientales y del tipo de proyectos
que está ingresando al sistema. La consecuencia de eso es un reglamento íntegro
que se hace cargo de una serie de cosas que habían sucedido históricamente en
la práctica, y hace explícitos ciertos criterios".
Las críticas
Aunque la propuesta final no se conoce y aún queda espacio para
modificaciones, distintas voces han cuestionado ciertos contenidos incluidos en
el documento, donde la tensión principal se da por el nivel de discrecionalidad
que el texto permitiría a la autoridad.
En este sentido, Álvaro Sapag, ex director de la Conama , cree que uno de los
problemas centrales es la inclusión de conceptos como "impacto
ambiental", que van más allá de las definiciones legales existentes, lo
que abre la posibilidad para múltiples interpretaciones. A su juicio, "de
esta forma se estaría modificando una definición legal por la vía
reglamentaria, porque habla de impactos ecosistémicos o socioambientales, que
no están definidos en ninguna parte".
Además, agrega que se incorporan más trámites que los actuales,
con lo que "vamos a tener un procedimiento bastante más engorroso desde el
punto de vista procesal", y que se plantea la no divisibilidad de la
resolución de calificación ambiental, lo que podría generar un problema en el
caso que se quiera vender parte del proyecto.
Por su parte, Cordero afirma que el reglamento, al precisar
claramente exigencias, lleva a muchos a asumir que la autoridad contará con
mayor poder de decisión y se generarán altos grados de discrecionalidad. Sin
embargo, agrega que a su juicio es mejor "un reglamento que explicite las
prácticas discrecionales, porque en la medida que se hace se pueden tener
estándares normativos de control de las decisiones".
Pueblos indígenas
Pese a que hubo una consulta pública respecto del reglamento, en
julio pasado la
Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas presentó un recurso de
protección argumentando no haber sido considerada para la elaboración del
texto, vulnerándose así uno de los puntos del Convenio 169.
Ignacio Toro, director ejecutivo del SEA, replica que hasta antes
de esta propuesta "nunca un reglamento se había puesto en la Web para ser comentado",
y agrega que "los pueblos originarios creen que no fueron bien escuchados
así como alguna gente de la ciudadanía, ONGs, empresarios y gremios. Es natural
que eso se dé, porque cada uno quiere que sea su reglamento el que se lleve a
cabo, entonces, al terminar ese proceso de escucha y al tener la autoridad una
propuesta, surgen críticas".
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